Provincia

Piden anular las obras otorgadas a empresas vinculadas a la investigación por coimas

Un diputado provincial massista presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo bonaerense la medida a partir de la investigación que sigue el juez federal Claudio Bonadio.

Un diputado provincial massista reclamó la “inmediata rescisión” de contratos de obra pública en territorio bonaerense a contratistas que se hayan acogido judicialmente a la figura de “arrepentido”, admitiendo haber dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a funcionarios públicos.

Puntualmente, el proyecto plantea la “inmediata rescisión de pleno derecho de los contratos de obra pública provincial que se encuentren en ejecución y cuyo contratista se hubiere acogido judicialmente a la figura de arrepentido , admitiendo haber dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a funcionarios públicos”.

La iniciativa tiene por objetivo fundamental “reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos”, en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como “el arrepentido” y de “responsabilidad penal empresarial”.

En ese sentido, el autor de la iniciativa, el legislador tresarroyense Pablo Garate, expresó que “los hechos de público conocimiento, que tuvieron lugar recientemente y difundidos a través de la prensa, ponen de manifiesto un entramado de corrupción público-privada, que pone a la ciudadanía en un estado de alarma social cuya consecuencia lógica es el cuestionamiento de las instituciones, por eso creo conveniente solicitar a las autoridades provinciales que actúen conforme a lo que la legislación vigente establece y la ciudadanía demanda”.

Además, Pablo Garate presentó una solicitud de informe pidiendo que a través del organismo que corresponda, se informe el listado de empresas que se encuentren ejecutando contratos de obra pública en la Provincia de Buenos Aires.

“La corrupción afecta estructuralmente a toda la sociedad. Las estrategias de prevención y combate de la corrupción deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan los colores políticos de quienes transitoriamente ocupen los cargos de la administración pública”, finalizó el legislador Garate.

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